En la década de 1980, tanto los gobiernos de diferentes países, intelectuales y los diversos organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identificaron que Latinoamérica sufre grandes asimetrías no solo económicas sino también sociales y, por ende, educativas. De esta forma, se presentaron una serie de declaraciones y estudios con el propósito de proseguir, redefinir o reconstruir políticas educativas conducentes a promover la equidad. Para ello, se realizaron una serie de pactos y tratados internacionales que impulsaran y fortalecieran a la educación como un derecho universal, no discriminatorio, el cual debe satisfacerse en condiciones de igualdad.
Como resultado de este diagnóstico, las orientaciones de los resultados dieron cuenta de que uno de los grandes desafíos de América Latina era garantizar el derecho a la educación superior. Además, su propósito fundamental era reducir la desigualdad, así como promover la igualdad educativa.
En este sentido, los países latinoamericanos se enfrentaban a grandes desafíos. Por un lado, resolver las “asignaturas pendientes” del siglo XX (cobertura universal en educación preescolar, básica y media, incorporación de la poblaciones indígenas al sistema escolar, entre otras). Por el otro, emprender las “nuevas tareas” del siglo XXI a fin de que la educación sea, como señala Bruner, un instrumento para lograr el desarrollo de los países, que posibilite el crecimiento de las economías y el aumento de la productividad. Con ello, buscan tender, superar o, al menos, estrechar el abismo interno de la pobreza y el externo de conocimiento y tecnología que separa a los países desarrollados de aquellos en vía de desarrollo.
De manera particular para el sistema de educación superior, a partir de los finales de la década de 1990, se promovieron diversas iniciativas para fortalecer este nivel educativo, tales como la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. En esta declaración emitida en octubre de 1998, se sostiene, entre otras cosas, que en este nivel tampoco debe admitirse ninguna discriminación con motivo de raza, sexo, idioma o religión, o bien por consideraciones económicas, culturales o sociales, ni mucho menos por discapacidad. Lo anterior, coadyuvaría a eliminar las desigualdades sobre todo en el campo de la educación, dado que esta es un derecho fundamental.
De igual forma, en la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe de 2008, uno de los temas centrales de la agenda fue promover condiciones de crecimiento en la cobertura. Esto se lograría a partir de la generación de estructuras institucionales y propuestas académicas que garantizaran el derecho a todos los sectores sociales, como son los pobres que viven alejados de los principales centros urbanos, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes refugiados, las personas en régimen de privación de libertad y otras poblaciones carenciadas o vulnerables.
De esta forma, la índole de las recomendaciones fue diversa y han impactado en múltiples esferas de lo educativo, respondiendo a necesidades e ideales del momento histórico y social de cada uno de los países latinoamericanos. En consecuencia, se pueden identificar acciones que se han impulsado a través de estas declaraciones y que han permeando de una u otra manera a las instituciones educativas latinoamericanas, como la organización y gestión de las instituciones, el establecimiento de criterios de calidad, la ampliación de la oferta educativa, la descentralización y el financiamiento.
La primera de ellas, las formas de organizar y gestionar las instituciones educativas, llevo a las instituciones a explicitar estándares y medidas de rendimiento, definir las metas, objetivos e indicadores de éxito expresados en términos cuantitativos. Así, la administración y gestión de las instituciones se modernizarían en términos de eficiencia, eficacia y legitimidad. Por lo tanto, se reconoce la importancia de los rankings de los sistemas de enseñanza y de las escuelas públicas y privadas, a la vez que se enfatiza la gestión y la organización escolar mediante la adopción de programas gerenciales con el propósito de alcanzar mayor flexibilidad operativa.
Un segundo aspecto que se atendió fue establecer criterios de calidad haciendo énfasis en la eficiencia y eficacia del desempeño del aprendizaje, expresado en la evaluación constante de los resultados obtenidos por los estudiantes. Por tal motivo, algunos de los países latinoamericanos establecieron agencias especializadas tanto públicas como privadas, ya sea de carácter nacional o internacional, para contar con un mecanismo que les permita identificar los avances en el desempeño académico de los estudiantes universitarios. En México se creó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), en Brasil se estableció la Evaluación Nacional del Desempeño de los Estudiantes y en Argentina se creó el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Otro criterio de calidad es la acreditación de la oferta educativa, la que permite valorar la capacidad organizativa, técnica y operativa de un programa educativo. De esta forma, en Latinoamérica se han creado diversas organizaciones públicas o privadas que coadyuvan a garantizar que la oferta educativa de las instituciones tanto públicas como privadas sea de calidad. Entre estos organismos acreditadores se encuentra el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) en México, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) en Ecuador y el Consejo de Educación Superior en Honduras. Su propósito fundamental es establecer criterios que permitan identificar la pertinencia del programa educativo, la atención al rezago educativo, la permanencia y la eficiencia terminal y titulación, entre otros.
Con respecto a la ampliación y pertinencia de la oferta educativa, las recomendaciones a las instituciones de educación superior promueven una comercialización de la educación y su vinculación con el mercado laboral. Con ello buscan la flexibilización curricular, es decir, lograr una flexibilidad en los planes de estudio con el objeto de responder eficazmente a las demandas sociales, científicas y tecnológicas.
De igual forma se han establecido acciones de ampliación de la oferta educativa que promueven no solo la diversificación de la oferta, sino también tienen como propósito atender a sectores de la población que por razones de pobreza, étnicas o de raza no acceden a la educación superior. De esta manera se han creado instituciones que posibilitan el acceso a estos jóvenes. Por ejemplo, a principios de la década de 1990 se implementaron en México las universidades tecnológicas, así como universidades creadas exprofeso para los indígenas, formando docentes especializados o creando carreras que cubren alguna necesidad de la comunidad en concreto. Una estrategia más para atender la oferta educativa, es el impulso y el establecimiento de formas “innovadoras” de enseñanza a partir de la educación a distancia.
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